La violencia doméstica en Castilla durante la Baja Edad Media

En este artículo recojo los fragmentos que me han parecido de mayor interés en la conclusión de la tesis doctoral “Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de la Edad Media” (p. 326-334), escrita por María Sabina Álvarez Bezos. El texto excluirá otras formas de violencia doméstica y se centrará en la sufrida por las mujeres.

Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de la Edad Media

María Sabina Álvarez Bezos

Conclusiones

Al comienzo del trabajo manifestamos que nuestra pretensión era la de demostrar, si nos era posible, a través de las fuentes documentales, cómo la mujer no sólo ha sido víctima de los malos tratos a lo largo de la historia, sino que también ha sido protagonista de su propia historia, en el sentido de que ha luchado por su libertad y por su dignidad. No es justo seguir definiéndola como un mero objeto pasivo de la sociedad. Creemos que los documentos con los que hemos trabajado permiten contradecir cualquier idea referente a que pudieran haber sido personas indefensas, sin posibilidad de levantar su voz para expresarse contra las situaciones que las degradaban, o las convertían en esclavas de una sociedad masculinizada. Al contrario las muestran actuando con voluntad y voz propia (…).

Con el trabajo de archivo realizado, hemos localizado un buen número de documentos que nos han servido para confirmar nuestra hipótesis de que las mujeres eran mucho más litigantes de lo que en principio cabría esperar (…).

Todos estos documentos demuestran además que las mujeres eran escuchadas por la justicia y que se tomaban las medidas oportunas para resolver los casos.

En las incitativas, y a modo de ejemplo, son los propios reyes quienes, a petición de parte y a modo de gracia y merced, se dirigen a las autoridades competentes para que actúen con prontitud en la investigación de numerosas acusaciones de violencia ejercida sobre cualquier mujer denunciante, con el fin de que, en el caso de resultar ciertas, condenen a los agresores, para reparar los daños causados.

En los emplazamientos, y también a modo de ejemplo, el demandado es citado, con señalamiento del plazo, para que se presente ante los monarcas y su Consejo, a fin de poder ejercitar su defensa de las acusaciones recibidas por haber delinquido, o por haber agredido a la mujer que le ha denunciado, lo que hoy, a través de su lectura, nos permite conocer los casos de violencia que buscaban resolver.

Pero el tipo de documento que nos ha parecido más novedoso por su contenido y por su objetivo es sin duda el de las llamadas cartas de seguro. Con mucha frecuencia, las mujeres recurrían a esta vía para solicitar la protección de los reyes frente a sus agresores, y efectivamente la conseguían. Aquellas que se sentían en peligro, o quienes realmente lo estaban, podían acudir a los monarcas para hacer relación de la situación en la que se encontraban, temerosas de sufrir el maltrato o la muerte a manos de los hombres con los que convivían. Los reyes, aceptando esa petición, guardaban bajo su amparo a la mujer que demandaba dicha merced. Para que esta realidad fuese de conocimiento general y nadie pudiese aducir ignorancia de la decisión regia, lo hacían pregonar públicamente por las plazas, mercados y otros lugares acostumbrados, cercanos a la zona de residencia de la mujer en peligro. Nos encontramos así con un precedente de las actuales leyes de alejamiento, siendo necesario resaltar que en la Castilla del final de la Edad Media se hacía mucho hincapié en su publicidad, es decir, se hacía todo lo posible para que fuesen conocidas por los vecinos y familiares en el lugar en el que la mujer maltratada residía, pretendiéndose con ello asegurar su amparo y lograr que la orden regia se cumpliese (…).

Por lo que hemos podido comprobar, la legislación de los monarcas era mucho menos permisiva con el maltrato femenino que la foral. Pero finalmente se impone la norma regia que sin duda es la que se aplica en la época de nuestro estudio, el reinado de los Reyes Católicos (…).

Es incuestionable, por otro lado, el hecho de que los maltratadores conocían perfectamente el castigo al que se podrían enfrentar tras agredir a sus mujeres, aunque esto no era suficiente para evitar la agresión o el crimen (…).

A lo largo de nuestro estudio, hemos podido verificar cómo mujeres de toda condición social se defendieron buscando el único camino que podría salvarlas y que no era otro que el de la justicia. Podemos afirmar que ellas conocían en buena medida sus derechos, y que estaban al tanto de que, en el caso de ser maltratadas, podían denunciar a sus agresores para conseguir un veredicto justo. No debemos olvidar que aunque el inicio de un pleito suponía gozar previamente de una buena posición económica que les permitiese soportar los gastos de su desarrollo, los llamados “casos de corte”, abrían caminos a los pobres, los huérfanos, las viudas y, en general, a personas con menos recursos a la hora de defenderse. Por lo que hemos podido comprobar, ellas, las mujeres maltratadas, se acogieron en numerosas ocasiones a este derecho.

Cuando las mujeres no tenían voz para hacerlo porque habían muerto o eran menores de edad, eran sus familiares quienes se la prestaban para resarcirse de la sinrazón. Es cierto que, en no pocas ocasiones, la familia podía buscar con ello la limpieza de su honra, pero no lo es menos que, en otros momentos, se trataba de solicitar el escarmiento para el maltratador, evidenciando y condenando la maldad de su conducta.

En otro orden de cosas, hay que señalar que la existencia de numerosas cartas de perdón concedidas a los asesinos de mujeres nos obligó a plantearnos si eso podía significar que este tipo de violencia fue un hecho comúnmente aceptado por las gentes de la Baja Edad Media. Tras analizar concluimos que no era esa la situación, pues observamos que el perdón nunca fue gratuito, ni exclusivo de este ámbito. Después de examinar un buen número de indultos regios, constatamos que era imprescindible el perdón previo de los familiares, y que éste iba inexorablemente acompañado de unas condiciones fijadas por la parte agraviada. Por otro lado, somos conscientes de que no era algo privativo de los casos de maltrato pues, como ya hemos indicado, también se aplicaba a otros delitos.

Lo que sí parece evidente es que, el señalado como culpable de asesinato o maltrato, debía pasar por todo un proceso judicial, respondiendo a los emplazamientos, y, en caso de ser declarado culpable, vería cómo eran secuestrados sus bienes, pagaría costas y, cuando la sentencia era definitiva, sería desterrado, condenado a galeras o incluso, en no pocas ocasiones, a la pena de muerte. No sabemos si estas eran las sentencias más justas o suficientes, pero ciertamente suponían todo un camino, a lo largo del cual el delincuente no tenía más remedio que responder ante la justicia, o, como sucedía con frecuencia, huir lejos de su tierra, desarraigado de su familia y de sus bienes, a la espera de un deseado perdón por parte de los parientes de la maltratada o muerta que le permitiese regresar.

Por lo que se refiere a las penas, destaca el hecho de que la capital no siempre iba unida al asesinato de la mujer, sino que en ocasiones era suficiente el maltrato, el abuso de poder o la violación para caer en este tipo de condena (…).

Aquí termina la cita.

Los trabajos que he leído sobre la Corona de Aragón, sin embargo, muestran una imagen bastante más sombría al respecto. Si ello se debe a los prejuicios de los investigadores, la escasez de documentos, o a que la realidad de esta Corona era efectivamente así, parece todavía difícil de determinar. Serán necesarias más investigaciones para arrojar luz al respecto.