La enmienda que condenará como delito la incitación a la violencia de género. ¿Es necesaria?

El gobierno del Partido Popular enmendará el artículo 510 del código penal para incluir la “razón de género” en los delitos de apología e incitación a la violencia, con penas de prisión de uno a cuatro años.

Todos estamos de acuerdo en que incitar a la violencia contra cualquier persona por el hecho de pertenecer a un grupo o colectivo determinado es inadmisible. Lo mismo podría decirse de su apología. Sin embargo, leyendo el artículo 510 del código penal nos damos cuenta de que la razón de sexo ya está recogida (el resaltado es mío):

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.

Entiendo la diferencia entre sexo y género (biología vs construcción cultural), pero a efectos de este tipo de ley no veo cómo puede ser importante. La ley ya penaliza la incitación a la violencia contra la mujer “por ser mujer” igual que la violencia contra el hombre por serlo. Sería útil añadir la razón “identidad sexual” para proteger a los transexuales. Más allá, sin embargo, no está muy claro que beneficios traería la “razón de género”.

Lo primero que podemos pensar es que se trata de una maniobra del Partido Popular para apaciguar al feminismo institucional. Una forma de asegurar que siguen firmes en la lucha contra la violencia de género mientras continúan retirando fondos destinados a implementar dichas políticas. Los escenarios que presenta el diario El Mundo sobre la noticia, sin embargo, plantean una alternativa mucho más preocupante: la utilización de la nueva cláusula como arma política.

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